La Junta y el Gobierno traicionan al pueblo andaluz al favorecer intereses señoriales mientras millones carecen de lo más elemental
Desde Andalucía por Sí queremos manifestar nuestra más firme condena ante la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, respaldada por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, de otorgar de nuevo permisos de riego para la finca Aljóbar, perteneciente a la Casa de Alba, después de que se haya detectado (y denunciado por la Guardia Civil y Fiscalía) un expolio de agua que podría alcanzar entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos del acuífero colindante con Doñana.
Consideramos que esta decisión es inaceptable por varias razones:
Precedente peligroso. Permitir que se reactive un permiso de riego para quienes habrían cometido un saqueo ambiental flagrante (según las denuncias) supone ignorar la justicia administrativa y ambiental, y consolida impunidad para los poderosos.
Injusticia social. Mientras muchas poblaciones andaluzas sufren carencias hídricas, sequías, restricciones, o pagan el agua muy cara, se favorece a una gran propiedad cuya capacidad de extracción ha provocado daños ambientales graves: descenso del acuífero, salinización del suelo, pérdida de flora y fauna.
Defensa del interés general. La administración tiene como deber proteger los recursos naturales y el agua, bien común esencial. No puede someterse a presiones aristocráticas ni recular ante responsabilidades legales y penales. Conceder permisos mientras los procesos judiciales siguen abiertos es una forma de burlar la responsabilidad.
Persistencia del sistema de castas. Este caso evidencia que en Andalucía aún se tolera que existan señoríos económicos que ejercen privilegios sobre tierras, agua y decisiones políticas, desplazando los derechos de los ciudadanos comunes. Eso es incompatible con una Andalucía digna, con justicia social, con desarrollo para todos y no para unos pocos.
Ante esta situación, desde Andalucía Por Sí demandamos:
- Que la administración paralice cualquier nuevo permiso de riego hasta que se hayan resuelto los procedimientos judiciales, penales y administrativos, y se sancione en caso de responsabilidad.
- Que se auditen los consumos reales de agua en las propiedades agrícolas de gran tamaño, y se transparente la gestión del agua en Andalucía.
- Que se revise el marco normativo para evitar que grandes latifundios puedan eludir responsabilidades cuando se produzcan daños ambientales.
- Que se priorice la protección de los acuíferos, los ecosistemas, y los derechos de quienes dependen del agua para vivir (poblaciones rurales, agricultura de subsistencia, etc.).
- Que se fomente una política agraria justa que ponga al frente los intereses del pueblo andaluz, no los privilegios históricos de la nobleza o la aristocracia.
Andalucía no puede seguir siendo el escenario en que se legitiman injusticias ancestrales. No estamos dispuestos a que la tierra, el agua ni la ley sirvan para perpetuar señores feudales que se aprovechan de nuestra ruina. Andalucía exige dignidad, justicia y soberanía. Andalucía exige que sus recursos naturales sean gestionados para quienes los necesitan, bajo criterios objetivos de sostenibilidad, no para quienes añoran privilegios inmerecidos.
Andalucía por Sí seguirá denunciando estos casos hasta que los intereses del pueblo de Andalucía sean la prioridad política real.
