Los grupos municipales andalucistas consideran vital que desde el poder más cercano a los ciudadanos se proyecte un mensaje de rechazo rotundo a las intenciones de Urkullu, Puigdemont, Pedro Sánchez o quienes quieran reformular el equilibrio del Estado olvidando que Andalucía es una nacionalidad histórica de primer nivel
Los Ayuntamientos andaluces donde Andalucía Por Sí tiene representación municipal están debatiendo y aprobando una moción impulsada por esta formación donde se refleja el sentimiento andalucista de rechazo a las intenciones de desarrollar un Estado de doble velocidad, una para vascos, catalanes y gallegos y otra para los demás.
Los andalucistas recuerdan que Andalucía alcanzó su autonomía por el artículo 151 y está considerada una nacionalidad histórica, una condición de peso para no ser apartada de las cualidades y mejoras que puede ofrecer el Gobierno central en su nueva negociación a los distintos territorios españoles.
Es evidente que el modelo territorial que diseñó el constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando señales de agotamiento como por el transcurso del tiempo y es hora de explorar nuevos caminos, con clarividencia y sin dramatismos.
Los andaluces tenemos mucho que decir, porque el estatus jurídico-constitucional de esta nacionalidad histórica es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia, a las que se dirige exclusivamente la propuesta que recientemente hizo pública Urkullu, con interesado y expreso olvido de Andalucía.
Estamos convencidos de que una inmensa mayoría de la sociedad andaluza, así como la práctica totalidad de sus fuerzas políticas, coinciden en que Andalucía conquistó la igualdad con las llamadas nacionalidades históricas el 4 de diciembre de 1977 en las calles, el 28 de febrero de 1980 en las urnas y el 21 de octubre siguiente, al acordarse, por unanimidad el desbloqueo de la autonomía en el Congreso. Por cierto, a instancia original del Partido Andalucista.
No olvidemos que las Cortes de 1978 diseñaron una Constitución profundamente discriminatoria, en favor de esas nacionalidades, que sólo el empeño del pueblo andaluz y su vanguardia andalucista pudieron quebrar, a duras penas, al tiempo que escribían una de las más vibrantes páginas de su historia.
Las actas del Congreso de los Diputados dan fe, reiteradas veces y con crudeza, de la intención discriminatoria del pacto constitucional en relación con la organización territorial del Estado, expresiva del pacto que derecha e izquierda españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vascos y catalán, también responsables interesados de tal discriminación.
Un pacto que, en un momento inicial, los andaluces hicimos saltar por los aires, aunque con el paso de los años los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo, atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas que, a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y económicos.
Urkullu en su reflexión ha hecho referencia a Galeuzca, la alianza constituida por fuerzas políticas gallegas, vascas y catalanas. Pues bien, es oportuno recordar que, en su día, el Partido Andalucista pidió la integración en esa alianza y fue rechazado. Prueba fehaciente de la actitud histórica discriminatoria de tales fuerzas.
Si leemos con detenimiento y sin prejuicios el “Plan Urkullu”, de enorme potencia en el fondo y de extrema suavidad en la forma, veremos que parece dirigirse tanto al PP como al PSOE y si nos apuran al Tribunal Supremo, al Constitucional y a la Corona, con un elemento nuevo, a saber: la fuerza de estos nacionalismos en 2023 es infinitamente superior a la que gozaban en 1977, por lo que es razonable pensar que sus posibilidades de éxito son aún mayores.
Por tanto, consideramos muy necesario que nuestras instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento de Andalucía y Gobierno andaluz) y los partidos políticos que las conforman, como se hizo el histórico 4 de diciembre, proclamen desde el consenso y unidos todos desde el primer momento que Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades consideradas históricas por la Constitución.
La moción impulsada por Andalucía Por Sí también insta a los Gobiernos Central y de la Junta de Andalucía a que reactiven la Comisión Bilateral de Cooperación a fin de desarrollar plenamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en particular la reforma del sistema de financiación autonómica que acabe con la deuda histórica generada por la infrafinanciación de nuestra tierra.
