«En Navazuelos hay que recorrer 3 kilómetros de megaplanta para salir del pueblo», ha ejemplificado Modesto González, alcalde de Coria y ponente de una iniciativa legislativa municipal que pide una moratoria en la instalación de nuevos proyectos para «planificar la estrategia en el territorio»
«En Navazuelos hay que recorrer 3 kilómetros de megaplanta para salir del pueblo. ¿Ven esto rojo? Eso es esta pedanía de los montes orientales de Granada. Y todo lo demás son fotovoltaicas. ¿De verdad esto es lógico y razonable, y combate la despoblación del mundo rural?». Con un papel muy gráfico, Modesto González, alcalde de Coria, ha descrito lo que está siendo considerada una invasión en toda regla de plantas y megaplantas de energías renovables, especialmente fotovoltaica, en numerosos puntos de Andalucía. Una legión de proyectos con efectos «perversos» e «irreversibles» para el territorio de la comunidad, donde la mayoría de empresas promotoras de estos proyectos, además, no tributan, ha recordado.
En los últimos meses se han autorizado 500 proyectos, que promueven la generación de 12.600 megavatios, y ocupan 65.000 hectáreas en Andalucía, que «benefician a los de siempre, es ahondar en el modelo extractivista y de economía subalterna de Andalucía», ha recordado Maribel Mora, portavoz de Adelante Andalucía. En total, hay 790 proyectos en tramitación por parte de la Junta de Andalucía, fundamentalmente en la parte occidental del territorio andaluz. Esto supone promover unos 21.000 megavatios de renovables, así como otros 11.000 megavatios a futuro.
González ha sido el ponente, este pasado miércoles en el Parlamento andaluz, que ha retomado las sesiones tras el parón navideño, de una iniciativa legislativa municipal que han suscrito 93 alcaldes y alcaldesas de otros tantos ayuntamientos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, el 12% de los consistorios de la comunidad y que representan en torno a un millón de vecinos y vecinas. «No podemos decir —ha insistido el proponente— que no sea una iniciativa sin apoyos, sino que viene muy significada y con apoyos de todos los signos políticos: Municipios desde Benadalid a Setenil, de Parauta a Jerez».
El también dirigente andalucista ha dejado claro que no están en contra de la transformación energética, pero sí reclaman una «moratoria hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en Andalucía, con el objetivo último de la planificación para la deseada transformación energética del territorio. Creemos absolutamente necesario planificar un elemento tan importante para el territorio andaluz, como es la energía», ha dicho durante su turno de intervención, antes de que finalmente dicha iniciativa haya sido desechada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara autonómica.
En primera iniciativa legislativa municipal que se ha debatido en la Cámara en esta legislatura, los grupos de la oposición PSOE-A, Por Andalucía y grupo mixto-Adelante Andalucía han votado a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, mientras que el grupo Vox se ha abstenido. Los municipios reclamaban a la Junta un Plan de Transición Energética aprobado como ley y que éste incluyera «la planificación territorial de los proyectos de energías renovables, estableciendo áreas de exclusión» para los proyectos, teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico», además de «las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios».
Los promotores de la iniciativa pedían que esa moratoria supusiera «la suspensión de cuantos procedimientos de instalación, de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estén tramitando», con la excepción de «las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 megawatios vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria».
Nada de esto saldrá adelante. La iniciativa contaba con el criterio desfavorable del Consejo de Gobierno, que, en su reunión de 13 de diciembre, argumentó que «la salvaguarda de los intereses medioambientales, territoriales, culturales y sociales», asociados a los proyectos, quedaba garantizada «a través del procedimiento actual de tramitación de este tipo de iniciativas, que es transparente y participativo».
Antes del pleno del Parlamento se ha producido una concentración de muchos de los regidores que han acudido a la sede parlamentaria, y luego algunos de ellos han podido acceder como invitados. González ha pedido «repensar» esta cuestión y se ha referido a los perjuicios que causan estos proyectos en el terreno de los municipios y sus espacios naturales, apuntando que, por ejemplo, «el estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce», por la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies. Ha denunciado que se están concediendo licencias para estos megaproyectos sin planificación alguna.
«Ofrecen importantes beneficios económicos, sociales y medioambientales»
En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Julia Ibáñez ha manifestado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el Gobierno andaluz «siempre ha hecho gala de su compromiso con la transición energética y ha hecho que Andalucía sea referencia, siempre desde el respeto al patrimonio natural y a la normativa urbanística». Asimismo, ha indicado que los proyectos de energías renovables que se han instalado en la comunidad «ofrecen importantes beneficios económicos, sociales y medioambientales para Andalucía y siempre se emiten declaraciones de impacto ambiental de la Junta acerca de los mismos».
El diputado del PSOE-A Rafael Márquez ha manifestado que «hay que compatibilizar el uso de las energías renovables con la preservación de los recursos naturales y para ello es necesaria una planificación; se debería dar luz verde a la tramitación de la iniciativa legislativa municipal para mejorar su contenido con el trabajo de todos los grupos». En este punto ha criticado que el Gobierno autonómico no tenga cauces abiertos con los ayuntamientos para abordar la implantación de estos megaproyectos en sus municipios.
La parlamentaria de Vox Purificación Fernández ha indicado que una «mala» regulación de estos proyectos puede causar consecuencias irreparables para los terrenos municipales y espacios naturales. Ha criticado que en la Junta vayan de «abanderados de la regulación verde» y, en cambio, acepten estos megaproyectos que tienen un impacto para la agricultura y los espacios naturales. Ha indicado que a esas empresas no les importa el empleo local o la lucha contra el despoblamiento de las poblaciones rurales, sino «enriquecerse» a aprovechando nuestros recursos.
La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha defendido que esta iniciativa refleja «una justa reivindicación de los ayuntamientos, que asisten con preocupación e indignación a la toma de unas decisiones que no les tienen en cuenta». «Hay una falta de respeto inequívoca a una administración que merece ser tenida en cuenta» en la toma de decisiones, según Nieto, quien ha criticado que la Junta conceda licencias para megaproyectos de energías renovables sin tener en cuenta las consecuencias sobre los municipios.
Por último, en orden de representación parlamentaria, la diputada del Grupo mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha manifestado que con estos megaproyectos sólo se persigue beneficiar a las grandes empresas energéticas, sin que ello vaya a garantizar la soberanía energética en esta comunidad. «Vendemos nuestros recursos naturales y nuestra forma de vida a bajo precio para hacer rica a gente que viene de fuera», ha indicado, apuntando que la Junta ha ido autorizando estos proyectos «sin ton ni son» y sin planificación.
