El Coordinador Nacional de la formación andalucista, Modesto González, asegura que el descontento de los trabajadores y las carencias del servicio inevitablemente influyen en una de las herramientas pensadas para sostener nuestra sociedad inclusiva del bienestar
Modesto González, Coordinador Nacional de Andalucía Por Sí, ha mantenido un encuentro con los representantes sindicales del Comité de Empresa del CIMI Los Alcores durante el que ha podido conocer de primera mano la situación de los centros andaluces y el nivel de insatisfacción que los profesionales que trabajan en ellos tienen respecto a los gestores de los mismos y la Junta de Andalucía como responsable última de esta herramienta de integración social tan necesaria.
Hace poco, la Consejería de Justicia de Andalucía ha renovado los contratos de gestión de los Centros de Internamiento de Menores Infractores para el periodo 2022-2025 a 4 entidades del denominado tercer sector por un valor inicial de 250.003.530,84 euros.
Este tipo de contratos evidencian un modelo de gestión privatizado en el que entran en juego fundaciones y/o ONGs que al presentarse a licitaciones públicas evidencian un carácter empresarial y competitivo que se aparta de su propia identidad.
“Los trabajadores nos trasladan sus inquietudes y los problemas con lo que deben lidiar diariamente en el trabajo. Estas condiciones se agravan cuando aluden a la diferencia manifiesta de condiciones salariales que existe entre los profesionales de andaluces y los de otros puntos del estado. No solo en el salario bruto sino en los complementos y las condiciones especiales de nocturnidad y turnicidad por ejemplo”, explica Modesto González.
Según denuncian los trabajadores, la Junta de Andalucía ha decidido incluir en el servicio a menores con enfermedades mentales, lo que aumenta la dificulta del trabajo diario y el grado de especialización que requiere.
Desde Andalucía Por Sí se considera este tipo de servicios vital dentro de una sociedad moderna que requiere herramientas de control, corrección e integración social de las personas que precisan de una atención especial y por eso solicita a la Junta de Andalucía que ejerza una adecuada función de control de los servicios prestados y plantee un cambio de modelo de gestión alejado de la privatización y más cercano a la concertación de los mismos, que permita su buen funcionamiento y adecuación a la realidad que en ellos se vive.
Al término del encuentro ambas partes han quedado emplazadas a mantener contacto directo y fluido para realizar un seguimiento de la situación y visualizar con medidas conjuntas aquellas cuestiones que procuren poner de relieve las carencias que mantienen los Centros de Internamiento de Menores Infractores para tratar de mejorar las condiciones de este servicio vital.
